Penitenciaría Nacional de La Victoria es una de las más hacinadas del país.
Pese al
problema de la sobrepoblación carcelaria y la crisis generada por el
coronavirus, los tribunales dominicanos solo le otorgaron la libertad a
56 presos desde que se declaró el estado de emergencia, el 19 marzo, hasta que el pasado 6 de abril.
En
el mismo período se rechazaron 23 solicitudes de libertad a reclusos en
las cárceles dominicana, según lo establece el acta 012-2020 de la
sesión ordinaria celebrada por el Consejo del Poder Judicial en fecha 7
de abril de este año.
La mayor parte de estos casos fueron
tramitados en los Departamentos Judiciales de San Pedro de Macorís, San
Cristóbal y Santo Domingo, los cuales continúan siendo los que reciben
la mayor cantidad de solicitud de medidas de coerción, así como de
medidas de entradas y salidas ante los Tribunales de Ejecución de la
Pena.
El
defensor público Roberto Quiroz cuestionó que, aun cuando la
Procuraduría General de la República (PGR) emitiera una resolución
instruyendo a los fiscales para solicitar variación de prisión por otras
modalidades, es poco lo que está haciendo el Ministerio Público en ese
sentido.
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Diario Libre solicitó estadísticas a la PGR sobre las
peticiones de cambio de modalidad de prisión y libertades condicionales
que ha realizado el Ministerio Público durante el estado de emergencia,
pero la institución respondió que todavía no ha hecho ese levantamiento
de información, debido a que el departamento de estadísticas tiene
personal mínimo por la situación sanitaria.
El abogado José
Miguel Minier planteó que debe haber un trabajo mancomunado entre la
Procuraduría y el Poder Judicial, a fin de buscar una solución a la
situación.
“Creo que debe haber un trabajo mancomunado tanto de
la Suprema Corte de Justicia como de la Procuraduría General de la
República para que entre las dos partes le busquen una solución,
evitando la presión mediática y el populismo penal. Que ningunos de los
autores cargue con las críticas”, dijo en una conversación con Diario
Libre.
Sugirió que la Suprema Corte emita una resolución “para que los jueces se sientan tranquilos al tomar sus decisiones”.
Plantean que debe haber consenso entre fiscales y jueces para que se otorguen cambios de prisión. ( )El defensor público Roberto Quiroz cuestionó que, aun cuando la Procuraduría General de la República (PGR) emitiera una resolución instruyendo a los fiscales para solicitar variación de prisión por otras modalidades, es poco lo que está haciendo el Ministerio Público en ese sentido.
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